USCIS deroga la regla de carga pública de 2022 y amplía la discreción de los oficiales
El DHS finalizó una regla que deroga la regulación de carga pública de 2022, adoptada durante la administración Biden, devolviendo a los oficiales de USCIS una discreción más amplia para evaluar el recurso a beneficios públicos. La nueva regla entra en vigor el 18 de septiembre de 2026.
Qué ocurrió
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una regla final que deroga la regulación de carga pública que entró en vigor en 2022. Según la ley de inmigración de Estados Unidos, una persona que solicita una visa, la admisión al país o la residencia permanente puede ser considerada inadmisible si los oficiales de inmigración determinan que es probable que dependa principalmente de la asistencia gubernamental, es decir, que se convierta en una "carga pública". La regla de 2022 había limitado qué beneficios públicos podían tomar en cuenta los oficiales al hacer esa determinación. La nueva regla elimina esas limitaciones e instruye a los adjudicadores de USCIS a evaluar el conjunto de circunstancias relevantes de cada solicitante, caso por caso.
El portavoz de USCIS, Zach Kahler, declaró que la medida busca asegurar que los inmigrantes sean autosuficientes en lugar de depender de programas financiados por los contribuyentes.
Detalles clave:
- La regla entra en vigor el 18 de septiembre de 2026.
- USCIS publicará una versión actualizada del Formulario I-485, la solicitud para obtener la residencia permanente o ajustar el estatus.
- A partir de la fecha de entrada en vigor, las versiones anteriores del Formulario I-485 —ya sea enviadas por correo (según el matasellos) o presentadas electrónicamente— ya no serán aceptadas.
Qué significa para los solicitantes
Este cambio representa un regreso a un estándar más amplio y evaluado caso por caso, en lugar de la lista restringida de beneficios considerados usada desde 2022. En la práctica, es probable que los oficiales de USCIS examinen de manera más amplia la situación financiera del solicitante —ingresos, tamaño del hogar, salud, edad y el uso de beneficios públicos— al decidir sobre la admisibilidad en casos de visa y residencia.
Quienes presenten trámites de ajuste de estatus cerca de la fecha de entrada en vigor deben estar atentos a la publicación de la nueva edición del Formulario I-485 y presentar su solicitud con suficiente anticipación para evitar un rechazo por usar una versión desactualizada. Dado que las determinaciones de carga pública son discrecionales y dependen de los hechos de cada caso, quienes hayan utilizado o puedan necesitar beneficios públicos deberían prepararse para documentar su situación financiera de manera más completa que antes.
Las reglas sobre carga pública han cambiado varias veces en la última década según la administración en turno, por lo que no se descartan nuevos ajustes en el futuro. Este artículo describe un cambio regulatorio y de política; no constituye asesoría legal. Quienes tengan dudas específicas sobre su admisibilidad deben consultar a un abogado de inmigración calificado.
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