El Departamento de Justicia demanda la pérdida de ciudadanía de 10 personas naturalizadas por ocultar delitos graves
El DHS y el Departamento de Justicia anunciaron demandas civiles para revocar la ciudadanía de 10 personas naturalizadas, a quienes acusan de haber ocultado delitos graves —desde abuso sexual infantil hasta fraude y narcotráfico— antes de obtener la ciudadanía estadounidense.
Qué ocurrió
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que, en coordinación con el Departamento de Justicia, presentó demandas de desnaturalización ante tribunales federales de distrito contra 10 personas durante el último mes. Las acusaciones abarcan delitos graves como abuso sexual infantil, fraude de salud y fraude electrónico, fraude fiscal, fraude de identidad y conspiración para distribuir cocaína. En cada caso, el Departamento de Justicia sostiene que la persona ocultó esa conducta —o mintió bajo juramento durante la entrevista de naturalización— antes de convertirse en ciudadana estadounidense.
Las personas señaladas provienen de países como Cuba, México, Pakistán, Perú y Polonia, y se naturalizaron entre mediados de la década de 2000 y 2018. Varias de ellas ya habían sido condenadas por esos mismos delitos en tribunales penales, en algunos casos años o incluso décadas antes de estas nuevas demandas civiles. Los casos se presentaron en distintos distritos federales, entre ellos Florida, Georgia, Iowa, Maryland, Pensilvania, Texas, Utah y el estado de Washington.
El secretario del DHS, Markwayne Mullin, declaró que quien comete fraude durante el proceso de naturalización "renuncia al derecho de conservar la ciudadanía estadounidense".
Las autoridades subrayaron que, por ahora, se trata solo de acusaciones: ningún tribunal se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Para que proceda la desnaturalización, un juez debe determinar, con pruebas claras y convincentes, que la ciudadanía se obtuvo de forma ilegal o mediante el ocultamiento deliberado de un hecho relevante.
Análisis del sitio
Este anuncio se enmarca en un esfuerzo más amplio y continuo del DOJ y el DHS por identificar a ciudadanos naturalizados cuyo historial —a menudo condenas penales anteriores a la naturalización— presuntamente fue ocultado durante el trámite migratorio. Conviene aclarar que se trata de un proceso civil, no penal: para revocar la ciudadanía no hace falta un delito nuevo, sino la prueba de que la naturalización original se obtuvo de forma ilegal o mediante engaño.
Para los solicitantes en general y para quienes ya obtuvieron la ciudadanía, lo relevante no es que este caso ponga en riesgo la ciudadanía de solicitantes comunes, sino que el gobierno está revisando activamente expedientes antiguos de naturalización en busca de antecedentes penales no declarados. Cualquier persona que tenga dudas sobre cómo se reportó, en su momento, un arresto o una condena —o sobre las preguntas de "buena conducta moral" en el formulario N-400— haría bien en consultar a un abogado de inmigración en lugar de asumir que el asunto quedó cerrado. Este caso también recuerda por qué la sinceridad total durante la entrevista de naturalización importa: el riesgo legal descrito aquí puede resurgir décadas después de obtenerse la ciudadanía.
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